Cuando hablamos del último proceso electoral con las elecciones del 18 de octubre, ¿Cual es el evento o resultado que caracterice a este proceso?
Seguro existirán muchos criterios, la mayoría, influenciados
por las preferencias políticas, pero si podemos elegir un tema que vaya más allá
de éstas presiones, sin duda algo que tenemos que resaltar es el hecho de haber
retomado la confianza en el poder electoral.
Hace solo un año, el poder electoral no podía de manera razonable
sustentar su independencia respecto al poder político, su falta de transparencia
en la gestión del proceso electoral se tradujo en principio en desconfianza abierta
por parte de la población, incluso antes de la ejecución de las elecciones
generales, la que se incrementó con ese apagón conveniente del TREP que dio la
vuelta a la votación, con la supuesta victoria de Evo con una diferencia mayor a 10
% sobre Mesa, resultados que desencadenaron la revuelta popular que terminó con
la caída del caudillo y sus pretensiones de reelegirse al infinito.
Ahora en el 2020 si algo podemos sacar de positivo es
justamente la administración del proceso electoral, una elección que pese a los
rumores de enfrentamiento y confrontación entre los principales competidores
terminó sin una sola observación, me refiero a una observación de fondo, que
brindase al menos una pizca de dudas sobre la transparencia del proceso realizado hace
algunos domingos.
Una vez concluido el proceso, con una clara definición electoral
inobjetable a favor del MAS, algunos sectores políticos, tratan de sembrar
dudas sobre el proceso, no para anular las elecciones pues, aunque lo dicen,
sabemos que no tienen el peso suficiente para lograrlo, pero si para sembrar
dudas en el Poder Electoral y defenestrarlo.
Quienes ganan con ese proceso, hay dos sectores muy claramente
definidos, por una parte, el MAS que aprovecharía la caída de los tribunos
actuales para conformar nuevamente un poder electoral a su “imagen y semejanza”
es decir nuevamente un poder electoral servicial y permeable a sus intereses y
por otra parte también favorecería a los sectores de ultra derecha en su afán de
ganar base electoral para afrontar las elecciones subnacionales. Por eso cuando
vemos esa charada sobre el supuesto fraude, seria bien que nos pongamos a
pensar en a quienes realmente favorece el proceso de desestabilización del poder
electoral.
Probablemente, hay cosas pendientes, se requiere una nueva evaluación
del padrón, el cual, justamente para evitar mayores susceptibilidades, aparentemente
no podría solucionarse sino a través de un nuevo proceso de empadronamiento,
algo costoso, pero probablemente políticamente necesario, pero este proceso no
poda llevarse a cabo si al mando del poder electoral volvemos a tener marionetas
funcionales al poder político. Por eso las acciones de los supuestos “defensores
de la biblia, las tradiciones y la democracia”, representan antes que nada una
infamia.
