El derecho de los enfermos

A propósito de una declaración abusiva del ministro Calvimontes

Ser VIH+ no es un delito, parece una obviedad , pero creo que es necesario remarcarlo frente a las reiteradas argumentaciones del Ministro de salud de Bolivia el Sr. Juan Carlos Calvimontes, quien el pasado lunes en una desafortunada intervención frente a la prensa, dio a conocer el estado de salud de un magistrado del Tribunal Constitucional, haciendo publica una enfermedad crónica que padece el magistrado la cual además por sus características, tiene una marcada discriminación social, producto de sus características.

Las declaraciones de Calvimontes se desarrollan en el marco de la confrontación existente entre el poder ejecutivo que ha promovido el juicio de responsabilidades contra tres magistrados, pero con el claro afán de castigar "ejemplarizadoramente", sobre todo al magistrado Cusi, quién en los últimos tiempos ha tomado una actitud contestataria con el poder político, demostrando su disidencia en la resolución que avaló por vía "constitucional" un tercer mandato presidencial consecutivo de Evo Morales.

El encono manifiesto por el poder establecido, representado por la mayoría parlamentaria oficialista en la asamblea plurinacional, tiene por objeto mandar una señal clara al resto de poderes constituidos, principalmente al judicial, buscando la sumisión total de estos a los intereses del gobierno actual. Para este fin el gobierno no ha dudado en usar todo el poder bajo su control para mostrar sus intenciones, aun en franco atropello a lo que parecía ser una norma democrática, como es la independencia de poderes.

Pero creemos que para todo existe un limite, las declaraciones de Calvimontes no solo incurren en un atropello a la vida privada del magistrado, sino que se hallan claramente tipificadas como un delito de discriminación, ademas de existir una normativa específica al respecto que protege a los infectados con el VIH, que obliga a mantener en reserva su identidad, además, de otras medidas que buscan proteger a los enfermos y establecer normas que permitan un tratamiento y control, en una enfermedad que para su tratamiento, requiere de un elevado coste económico. 

Por otra parte, justamente el carácter de esta enfermedad, hace que los enfermos o portadores del virus (ojo que ambos términos no son equivalentes), estén sujetos a discriminación abierta producto del temor al contagio, que presenta la enfermedad, que muchas veces desatan prejuicios exagerados en la gente.

Analizando la evolución de esta enfermedad, se ve que el grupo focal susceptible de infección ha ido cambiando a lo largo de los años, no es ya la enfermedad de drogadictos y travestis que era catalogada en los años ochenta donde la misma se propagó ampliamente; se ve que ahora, el mayor grupo de riesgo lo presentan las mujeres que en su mayoría tienen una sola pareja, que son infectadas por su compañero, producto de que éste acostumbra tener relaciones sexuales sin protección con prostitutas, es el efecto de una vieja costumbre muy popularizada en nuestro medio, que se conoce como el viernes de soltero, que usualmente  comienza con unas cervecitas y termina en un prostíbulo al amanecer.

Ante esta evidencia, y sobre todo al rechazo social que presenta la enfermedad, que convierte a quien la padece prácticamente en un leproso que es marginado de la vida social, no solamente en el tema de relacionamiento personal, sino también en el aspecto económico, pues es muy difícil, que quien la padezca, pueda obtener un trabajo que al menos garantice su subsistencia y tratamiento; que se han establecido normas de protección de los afectados por esta enfermedad, que obligan a mantener en reserva su condición.  Leyes aprobadas justamente por el gobierno al cual representa el Sr. Calvimontes y que en condición de ser ministro de salud, esta obligado no solamente a conocerlas, sino a respetarlas.

Las acciones tomadas por el Sr. Calvimontes, tomando en cuenta que las mismas no fueron hechas de manera personal, puesto que ya en anteriores semanas se escuchó a la segunda autoridad del Estado, el vicepresidente Linera, advertir que se haría pública la condición médica del afectado, la que supuestamente ya era conocida por el poder ejecutivo, muestran el total ensañamiento del poder político con el acusado donde, con la finalidad de cumplir sus objetivos de mostrar su poder absoluto, no adquieren miramientos ni siquiera para incumplir las mismas normas que ellos han aprobado, pisoteando los más elementales derechos humanos de las personas que tienen al frente. Esta falta total de ética política, en su avance al control total del Estado, muestra la calidad moral de nuestros gobernantes, para quienes, con la finalidad de lograr sus objetivos y mantener un manto de impunidad y arbitrariedad total en el manejo de Estado, no paran en hacer uso de cualquier medida incluso aquellas que por ética no deberían ser empleadas.

Por estos motivos, es necesario que el ministro de salud actual, el Sr. Calvimontes, sea juzgado como corresponde, por haber cometido un delito de discriminación abierta y habiendo pisoteado las mas elementales normas de ética profesional, sea sometido también a un proceso ante el colegio médico que evalúe su accionar y tome las medidas disciplinarias correspondientes, marginándolo, si es necesario y en virtud de la magnitud del delito cometido, del ejercicio profesional de la medicina de la cual no es ningún digno representante. 

Por otra parte, el poder ejecutivo debería entender que como ta, es el primer obligado en el cumplimiento de las leyes, para ellos, comenzando del presidente, no hay derecho de omisión, están en obligación de conocer las leyes y aplicarlas. El uso abusivo del poder en su beneficio, no es más que una muestra clara del alto nivel de corrupción que impera en su interior. En política se tendrán adversarios, pero no enemigos, la anulación de los opositores, como lo buscado en este accionar del ministro Clavimontes, que tuvo la intención de condenar al magistrado a una muerte civil, descalificándolo como ser humano, son incompatibles con un estado democrático, y muestran más al contrario el rasgo dictatorial de quienes detentan el poder político y sus intensiones de emplear el mismo en beneficio propio o de grupo.